Para una correcta administración de la justicia se requieren dos tipos de expertos, los unos en justicia, pero otros en administración de los recursos físicos, el recurso humano, el manejo empresarial de esta importante rama del poder público, la justicia es una secuencia organizada de pasos y procesos que se dirigen hacia un objetivo. Cuando se piensa en la adecuada gestión de la justicia se marcha sobre preocupaciones que no son del contexto filosófico que busca un entendimiento epistemológico y teleológico de las conductas humanas. Se trata de buscarle sustento a los aspectos pragmáticos y aplicativos, el Derecho como algo factico, como conducta de servicio, con posibilidades de ser adecuada y eficaz.

Requerimos una justicia comentada sobre la prontitud, eficiencia, celeridad y economía.

El concepto de justicia no se debe entender solamente en el sentido estatal, también toca en la cotidianidad familiar, local y regional y es allí donde nuestros operadores, técnicos y tecnólogos en Procedimientos Judiciales están al servicio de la comunidad de los saberes específicos adquiridos en sus diversos currículos Saber sobre el bien desempeño en áreas jurídicas, bien sea en la parte administrativa de un juzgado o alguna oficina de la rama judicial, o privada además del manejo de la misma en cuento a las relaciones interpersonales con el público y el buen aprovechamiento de los recursos tecnológicos, humanos y otros que en el medio necesite de justicia.

Capacidad de gestión en los procesos de la administración pública. Capacidad administrativa y manejo de los recursos físicos que permitirán mayor eficiencia en la presentación de los servicios en los diferentes campos de desempeño del egresado.

Todo lo anterior conlleva a que la trascendencia hoy de nuestros estudiantes y egresados del programa tecnológico de procedimientos judiciales conozcan por lo menos su fundamentación, que no es otra, que el respecto a los derechos inherentes a la persona humana como los derechos fundamentales.

Concepto que en ultimas limita o amplia el proceder y quehacer de nuestros técnicos y tecnólogos en aras de la protección y garantías de los ciudadanos.

Es desde allí inicialmente que se justifica la Tecnología en Procedimientos Judiciales, como un aporte a la eficiente y eficaz meterialización de los conceptos de acceso a la administración de justicia, conocimiento básico de los derechos fundamentales, derecho de contradicción, formación integral para la solución de problemas dentro de un contexto regional que trasciende fronteras.

En términos de nuestra actual constitución política los procesos y procedimientos judiciales parten del propio concepto de estado social de derecho, connotación filosófica, política y jurídica que conlleva a nuestro estado a liminar el poder público, en los precisos términos legales que definan la constitución, el bloque de la constitucionalidad y de las leyes, pero sin olvidar su fin social.

De allí se desprende que, los procesos y procedimientos judiciales deben responder, enmarcados dentro de la legalidad, a los requerimientos de los ciudadanos y habitantes.

La consagración de los finales sociales del estado en cuento se procura la efectividad de los principios, derechos y deberes determinados por la constitución conlleva la existencia de instrumentos idóneos, formas procesales y procedimientos judiciales e investigativos, que los efectivicen realmente.

Objetivo General

Formar Tecnólogos en Procedimientos Judiciales idóneos con capacidad de liderazgo y vocación de servicio, que dentro de su formación académica desarrollan actitudes y aptitudes de investigador judicial, agente ético, que le permita proyectarse eficazmente en su campo de desempeño con los requisitos académicos y conocimientos necesarios para ser competentes en las funciones o actividades de la profesión al servicio del estado, la empresa privada, la comunidad en general y en la creación de empresa.

Objetivos Específicos

1. Capacitar al Tecnólogo en Procedimientos Judiciales con los conocimientos generales del Derecho procedimental, Derecho sustantivo y procesal, además de la formación en áreas de investigación y en criminalística.
2. Fomentar a los Tecnólogos el espíritu de la investigación e investigación judicial para el desarrollo técnico y tecnológico desde un contexto local, regional, nacional e internacional.
3. Formar un tecnólogo integro, con los valores cívicos y éticos, que le permite desempeñarse en el ámbito jurídico, realizando un papel existencial, de colaboración con la administración de justicia y procedimientos judiciales y los procesos de abstención, manejo y análisis de información jurídico-procesal.

SECTOR PRIVADO

1. Investigador privado de personas jurídicas o naturales en asuntos de derecho y administración judicial.
2. Dependiente y/o asesor en bufetes de abogados en asuntos penales civiles, administrativos y laborales.
3. Investigador de empresas de transporte pymes, fundaciones, ONGs Y Cooperativas.
4. Operador de seguridad y vigilancia privada.
5. Orientador, asesor, operador o administrador jurídico de pequeñas y medianas empresas, microempresas.
6. Secretario de salas de conciliación y otras equivalentes.

SECTOR PÚBLICO

1. Auxiliares de los órganos de policía judicial, de despachos judiciales, de laboratorios de criminalística y ciencias forenses, de investigador de laboratorio de criminalística tanto en el sector público como en el privado, de magistrado o corporación judicial, de justicia penal militar, de inspección de policía en municipios categoría I y II.
2. Substanciadores, secretarios, escribientes u oficiales mayores en las diferentes oficinas de la administración de justicia.
3. Consultores e investigadores en los procesos de conciliación y medición, jueces de paz, casas de justicia.
4. Asistente de diligencias de inspección y dictámenes.
5. Citador comisarías de familia e inspección de policía.
6. Investigador de campo en los diferentes órganos estatales que tienen funciones de policía judicial permanentes o transitorios (CTI, DIJIN – SIJIN, INPEC, tránsito, secretarías de gobierno municipales o departamentales).

1. Acreditados en Alta Calidad por parte del Ministerio de Educación Nacional.
2. Docentes expertos en investigación judicial y Abogados especialistas del Sector Público y Privado.
3. Seminarios y conversatorios de actualización con ponentes nacionales e internacionales.
4. Convenios interinstitucionales de Prácticas con la Fiscalía General de la Nación, CTI, SIJIN, DIJIN, Inspecciones de Policía, Casas de Justicia, Defensoría del Pueblo, CAV, Juzgados Municipales y de Circuito, INPEC Y Notarias.
5. Énfasis en el derecho Sustancial y Procesal, además en Investigación Judicial.
6. Seminarios de Investigación en el área jurídica y social.